11oct. 99 A las 9:52

Tribunales.- Fiscal pide 4 años de cárcel para dos sanitarios que se quedaron con dinero de las máquinas de televisión

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

El Ministerio Fiscal solicita cuatro años de cárcel para dos sanitarios del Hospital San Lázaro de Sevilla que serán juzgados el próximo miércoles en el juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla, acusados de un delito continuado de robo con fuerza, tras haber sustraido presuntamente diversas cantidades de las máquinas recaudadoras de los aparatos de televisión instalados en el centro hospitalario.

Los hechos, según el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, tuvieron lugar entre el 24 de julio y el 16 de octubre de 1996 cuando los acusados, Antonio P.B. y Antonio R.S., ayudante sanitario y celador, respectivamente, del Hospital de San Lázaro, se “aprovecharon” precisamente de los puestos que desempeñaban para introducirse en las habitaciones donde se hallaban pacientes ingresados y se apoderaron del dinero de los cajetines de los aparatos de televisión.

Para abrir dichos cajetines utilizaron una llave de características similares a las originales, por lo que no produjeron desperfecto alguno. El fiscal añade que, aunque el importe total de lo sustraído “no puede precisarse”, alcanzó al menos las 300.000 pesetas, al considerar que ha quedado acreditado que cometieron como mínimo cuatro robos, perpetrados los días 24 de julio, 23 de agosto, 21 de septiembre, y 16 de octubre.

300.000 PESETAS

Por ello, imputa a los dos acusados un delito continuado de robo con fuerza, por el que pide cuatro años de cárcel para cada uno. Además, solicita una indemnización de 300.000 pesetas para la empresa Tele Hospital, concesionaria del servicio de aparatos de televisión, y que responda subsidiariamente el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Por su parte, el letrado Eduardo Millán, que ejerce la defensa de Antonio P.B., pide la libre absolución porque, según considera, su patrocinado no tuvo relación alguna con la apertura de los cajetines y el apoderamiento del dinero.

Además, manifiesta que por aquella época Antonio P.B sufría un trastorno mixto y adaptativo de la personalidad, que le incapacitaba para conocer el alcance de sus actos y al mismo tiempo anulaba su imputabilidad. En este sentido, añade que el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoció en julio del 97 la situación de Incapacidad Permanente del acusado por tales motivos.

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